En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) cuestionó qué resultados concretos puede presentar para demostrar que su gestión ha mejorado la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública en beneficio de la ciudadanía hidalguense.

El titular informó que la contratación mediante licitación pública nacional aumentó del 66% en 2022 al 99% en 2026, con 310 contratos por un monto de 2 mil 500 millones de pesos. Además, destacó la recuperación de 436 inmuebles con un valor superior a mil 300 millones de pesos y la aplicación de multas y rescisión de contratos incumplidos, acciones que permitieron evitar posibles daños a la hacienda estatal por más de 74 millones de pesos.

La legisladora preguntó qué representa la recuperación de 436 inmuebles, valuados en aproximadamente mil 300 millones de pesos y cómo beneficia a la población. También recalcó la formalización del comodato de un inmueble estatal para establecer un plantel del COBAEH en Progreso de Obregón.

El oficial mayor explicó que la recuperación de 436 inmuebles, valuados en aproximadamente mil 300 millones de pesos, tiene como objetivo devolver el patrimonio público a la ciudadanía y garantizar su aprovechamiento social. Detalló que estos bienes se recuperaron mediante cinco mecanismos: revocación de decretos de donación, reversión de donaciones, incorporación de bienes, acciones jurídicas y ejecución de créditos fiscales. Entre los ejemplos destacó un inmueble destinado a la Casa de las Adolescentes y de transición del DIF, la regularización de 184 hectáreas valuadas en 400 millones de pesos que no habían sido escrituradas y la incorporación de un edificio que actualmente alberga al Tribunal de Justicia Administrativa. Asimismo, señaló que se prioriza el comodato para garantizar el uso social de los inmuebles antes de formalizar su donación.

La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) cuestionó cuántos procedimientos representan el 99% de las compras realizadas mediante licitación pública nacional y qué mecanismos garantizan que esta cifra refleje resultados verificables y no únicamente un indicador administrativo.

El funcionario mencionó que las adquisiciones, incluso las de montos de 30 mil o 50 mil pesos, se realizan mediante licitación pública por ser el mecanismo más transparente. Explicó que el procedimiento dura aproximadamente 15 días y permite que cualquier persona interesada presente una propuesta, siempre que cumpla con los requisitos y las características establecidos en la convocatoria.

La legisladora solicitó al oficial mayor aclarar si es él quien asigna los contratos y elige a los proveedores del Gobierno de Hidalgo.

El funcionario explicó que la adjudicación de contratos se realiza mediante un procedimiento de licitación pública integrado por 15 etapas, que inicia con la identificación de necesidades y el estudio de mercado, continúa con la autorización presupuestal y la revisión de los requisitos, y concluye con la evaluación de las propuestas y el fallo. Aclaró que la decisión final no depende exclusivamente de la Oficialía Mayor, sino del Comité de Adquisiciones, integrado por representantes de seis áreas gubernamentales, quienes analizan las propuestas técnicas y económicas y determinan al proveedor que cumple con las condiciones requeridas.

La diputada Orquídea Larragoiti Osorio (PT) preguntó por qué el Gobierno de Hidalgo decidió dejar el esquema de arrendamiento del estacionamiento del Estadio Hidalgo, anteriormente administrado por la Canaco, para asumir directamente su operación, y qué resultados permiten demostrar que esta decisión fue conveniente.

El oficial mayor especificó que la decisión de asumir directamente la operación del estacionamiento del estadio tuvo como objetivo incrementar los ingresos para el gobierno estatal. Puntualizó que, bajo el esquema de arrendamiento a la Canaco, los pagos anuales fueron de 115 mil pesos entre 2005 y 2011, 167 mil pesos de 2011 a 2016 y 204 mil pesos de 2016 a 2022. En contraste, detalló que, de septiembre del año anterior a septiembre del periodo reportado, la Oficialía Mayor recaudó 3.4 millones de pesos mediante el cobro directo del estacionamiento durante los partidos del Club Pachuca.

La legisladora cuestionó cómo garantiza la Oficialía Mayor que los proveedores cumplan efectivamente con los contratos, pese a las cancelaciones y sanciones registradas por incumplimiento, y cómo se asegura que las licitaciones públicas se traduzcan en transparencia y resultados.

El titular explicó que los contratos establecen plazos específicos para la entrega de bienes y servicios. Si los proveedores incumplen, se aplican sanciones económicas por cada día de retraso y, cuando las penalizaciones alcanzan el límite establecido (equivalente al 15% del contrato), se procede a su rescisión. Añadió que los casos se notifican a la Secretaría de la Contraloría para su investigación y que también puede suspenderse a los proveedores del padrón correspondiente. Comunicó que la Oficialía Mayor ha rescindido tres contratos por un monto de 41 millones de pesos, de los 74 millones que, según indicó, se han protegido para evitar posibles daños a las finanzas estatales.

La diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) preguntó cómo vincula la Oficialía Mayor la programación de compras con las necesidades operativas de las dependencias y qué mecanismos utiliza para verificar que las contrataciones cumplan con los estándares de calidad, costo y oportunidad.

El titular explicó que la programación de las adquisiciones parte de las necesidades identificadas por cada dependencia, que realiza estudios de mercado y gestiona los recursos necesarios. Señaló que la administración centralizó algunas partidas presupuestales, reduciéndolas de 46 a alrededor de 30, para distribuir insumos como papelería, gasolina, vehículos y equipos de cómputo de manera equitativa, conforme a las necesidades de las instituciones. Añadió que las licitaciones públicas nacionales permiten fortalecer el control de los contratos, supervisar las entregas y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

La legisladora solicitó un ejemplo concreto de cómo la planeación y consolidación de compras ha permitido generar ahorros y mejorar la capacidad de las dependencias para brindar servicios a la ciudadanía.

El oficial mayor explicó que la centralización de alrededor de 40 partidas presupuestales permitió distribuir los recursos de manera equitativa, conforme a las necesidades de cada dependencia. Como ejemplo, mencionó la asignación de recursos para combustible a la Secretaría de Seguridad Pública y para papelería a la Secretaría de Cultura, cuya demanda presupuestal se identificó y ajustó a sus necesidades reales. Señaló que este mecanismo ha mejorado la planeación, el control del gasto y la distribución de insumos, aunque no precisó un monto específico de ahorro generado.

La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó la falta de información desglosada sobre el gasto de la Oficialía Mayor en mantenimiento vehicular, rehabilitación de espacios públicos y oficinas, arrendamiento de equipos y otros servicios. También solicitó aclaraciones sobre las diferencias de costos en contratos de arrendamiento, los posibles responsables de irregularidades relacionadas con inmuebles recuperados y los precios de los biodigestores.

El titular explicó que, antes de contratar el arrendamiento de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública, se comparan los costos de adquisición y renta, considerando mantenimiento, seguros, refacciones y unidades sustitutas. Afirmó que el arrendamiento de vehículos representa un ahorro de aproximadamente 190 millones de pesos frente a su adquisición.

Además, compartió que el mantenimiento del Parque Cultural Hidalguense cuesta cerca de 21 millones de pesos e incluye servicios como electricidad, agua, vigilancia y limpieza, mientras que los contratos de equipos de cómputo suman alrededor de 30 millones de pesos en cuatro años. Sobre los biodigestores, solicitó información específica del procedimiento para proporcionar los detalles correspondientes.

La legisladora requirió información sobre el gasto en la remodelación de oficinas, las sanciones impuestas a posibles responsables de irregularidades y los recursos adicionales que requerirá el Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo para su equipamiento y operación. También cuestionó el estado de mantenimiento de algunas áreas del Parque Cultural Hidalguense.

El oficial mayor explicó que el deterioro de algunas áreas del Parque Cultural Hidalguense se debe al alto tránsito de visitantes y señaló que, en lugar de continuar gastando en pintura, se decidió colocar un piso más resistente con materiales y personal de la propia dependencia. Sobre las responsabilidades legales, informó que un exfuncionario de la administración anterior cumple una condena en prisión y que existen otros procesos en curso. Se comprometió a entregar un desglose de los costos de mantenimiento de los inmuebles, mobiliario y equipamiento.

El diputado José Luis Rodríguez Higareda (Morena) pidió al titular, Édgar Orlando Ángeles Pérez, realizar un ejercicio de autocrítica y señalar qué calificación le daría a su propia gestión.

El funcionario respondió que no le corresponde evaluarse a sí mismo, pues considera que esa valoración debe realizarla el Congreso del Estado, el gobernador y la ciudadanía, a partir de los resultados obtenidos durante su gestión.

La legisladora Yarabi González Martínez (Morena) preguntó por qué se eligió arrendar las unidades del Tuzobús en lugar de comprarlas, cuáles fueron los criterios técnicos y financieros, el costo y la duración del contrato, los servicios incluidos, los ahorros obtenidos y el destino de los autobuses al concluir el arrendamiento.

El titular explicó que el arrendamiento incluye mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, seguros, tenencias, llantas, hojalatería y pintura, además de la reparación o sustitución de unidades cuando sea necesario. Precisó que el contrato tiene una duración de 26 meses y un costo total de 662 millones de pesos, frente a los 792 millones que, según su comparación, costaría adquirir las unidades. Justificó esta modalidad por las dificultades financieras que enfrentaba el sistema para mantener los autobuses en buenas condiciones. Asimismo, reportó una reducción del 37% en el tiempo de traslado de la estación Téllez al centro, de 85 a 52 minutos, y señaló que al concluir el contrato se analizará la posibilidad de conservar las unidades, dependiendo de su estado.

La diputada pidió información sobre el estado jurídico de los bienes inmuebles recuperados en la región Otomí-Tepehua. Asimismo, preguntó sobre el seguimiento legal para resolver el amparo presentado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respecto al terreno destinado a la construcción de una unidad deportiva en Tenango de Doria, con el propósito de recuperar el predio y concretar el proyecto anunciado por el gobernador en 2024.

El oficial mayor dijo que las 80 unidades del sistema de transporte metropolitano continúan en funcionamiento gracias al mantenimiento constante y a la responsabilidad de la empresa arrendadora ante accidentes y reparaciones. Respecto a la unidad deportiva proyectada en Tenango de Doria y a los bienes inmuebles de la región Otomí-Tepehua, indicó que su equipo continúa dando seguimiento a los asuntos jurídicos correspondientes y se comprometió a entregar información detallada sobre su estatus.

La legisladora Hilda Miranda Miranda (Morena) cuestionó cuáles han sido los principales beneficios de esta política y cómo ha contribuido a mejorar la calidad, los precios y la oportunidad de las compras gubernamentales, garantizando el uso responsable y transparente de los recursos públicos en beneficio de la población hidalguense.

El funcionario aseguró que las licitaciones públicas buscan obtener los mejores precios y servicios, garantizando la calidad y el uso responsable de los recursos públicos. Precisó que la adjudicación de contratos no depende únicamente de la oferta económica, también del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos; por ello, las propuestas con precios más bajos se descartan si no cumplen con las características solicitadas. Asimismo, subrayó que esta política ha permitido que el 99% de los procedimientos de contratación se realicen mediante licitación pública nacional.

La diputada preguntó sobre los resultados de la inversión de más de 304 millones de pesos destinada a infraestructura, equipamiento y maquinaria para fortalecer la capacidad operativa del gobierno estatal.

El titular aclaró que los recursos correspondieron a la adquisición de maquinaria pesada durante 2024 y 2025, debido a que recibieron alrededor de 35 equipos de la administración anterior en malas condiciones e inoperables. Señaló que la nueva maquinaria permitió al gobierno contar con mayor capacidad de respuesta ante emergencias, como la vaguada monzónica registrada el año pasado.

La legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) cuestionó sobre la transparencia en los procedimientos de contratación, solicitando aclarar quién evalúa las propuestas y determina a las empresas ganadoras para evitar favoritismos. También preguntó si se presentaron denuncias por las presuntas irregularidades detectadas en administraciones anteriores, cuántos de los 436 inmuebles recuperados están regularizados y por qué se requiere construir las Torres del Bienestar si existen predios disponibles. Asimismo, cuestionó el contrato de arrendamiento de 80 unidades del Tuzobús, al señalar una diferencia aproximada de 230 millones de pesos entre las propuestas, y pidió explicar quién definió las especificaciones técnicas, cuánto se ha pagado y quién autorizó la contratación.

El oficial mayor explicó que la adjudicación del contrato para las 80 unidades del Tuzobús se basó en el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMA), considerando la adaptación de los autobuses a las 36 estaciones existentes. Detalló que participaron tres empresas, con propuestas de 662, 625 y 431 millones de pesos; las dos ofertas más económicas fueron descartadas por incumplimientos técnicos y, en uno de los casos, por una sanción previa de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, afirmó que los 436 inmuebles recuperados están regularizados e inscritos en la cuenta pública, luego de que algunos carecían de escrituras o no estaban registrados a nombre del gobierno estatal.

La diputada solicitó información sobre la maquinaria pesada adquirida para la Secretaría de Agricultura, incluyendo los equipos comprados, sus costos y las empresas proveedoras, así como el avance en la adquisición de maquinaria para atender el problema del lirio acuático.

El funcionario se comprometió a entregar información detallada sobre las contrataciones de Agricultura. Respecto a la maquinaria para la Secretaría de Medio Ambiente, señaló que aún no se había recibido la requisición correspondiente y estimó que podría completarse entre noviembre y diciembre para iniciar el proceso de licitación. Precisó que las irregularidades detectadas en bienes estatales fueron denunciadas ante los órganos de control correspondientes y que existen procedimientos jurídicos en curso.

La legisladora Paloma Barragán Santos (Morena) cuestionó sobre los mecanismos de control y supervisión para garantizar que las contrataciones públicas se realicen sin favoritismos, conflictos de interés ni sobreprecios, y que los proveedores ofrezcan bienes y servicios de calidad.

El titular explicó que los procedimientos de licitación son evaluados y dictaminados por un Comité de Adquisiciones integrado por seis instancias gubernamentales, que analiza las propuestas técnicas y económicas para determinar la más adecuada. Además, puntualizó que las dependencias solicitantes deben verificar el cumplimiento de los contratos y que, ante incumplimientos, se aplican multas o rescinden contratos, medidas que, según informó, han permitido prevenir daños al erario por cerca de 74 millones de pesos.

El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) cuestionó qué acciones se han implementado para mejorar las condiciones económicas de las personas jubiladas del Gobierno del Estado.

El oficial mayor informó que, de aproximadamente mil 800 personas jubiladas, mil 100 recibían pensiones inferiores al salario mínimo, por lo que se ajustaron sus pagos a ese nivel y posteriormente se aplicaron incrementos conforme aumentó el salario mínimo. Asimismo, anunció que se presentará ante el Congreso una propuesta presupuestal para incrementar las jubilaciones en 2027.

El legislador preguntó cuál es la situación del sistema de jubilaciones y cuáles son las previsiones presupuestales para los próximos años.

El funcionario destacó la creación del Comité de Jubilaciones y Pensiones del Gobierno del Estado, que también atiende a trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial. Señaló que durante la actual administración se ha jubilado a cerca de mil personas, mientras que alrededor de 800 aún están pendientes de jubilarse. Explicó que el presupuesto destinado a jubilaciones pasó de 200 millones de pesos en 2022 a 700 millones actualmente, y estimó que alcanzará los mil millones al cierre de la administración y aproximadamente mil 300 millones de pesos en 2034.

La diputada Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó al oficial mayor sobre el arrendamiento de 140 unidades, solicitando precisar cuántas estaban contratadas, recibidas y aceptadas al 31 de agosto de 2026, con sus respectivas actas de recepción. También preguntó qué condiciones contractuales activan los pagos y qué documentos acreditan el cumplimiento por cada unidad facturada. Además, pidió conocer el estudio técnico y financiero que justificó optar por el arrendamiento en lugar de la compra, considerando que el contrato supera los 662.4 millones de pesos y compromete recursos públicos durante varios ejercicios.

La diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) preguntó si podía garantizar que en la Oficialía Mayor no se realizan compras o contrataciones a sobreprecio ni se solicitan pagos indebidos o “moches” a los proveedores.

El oficial mayor aseveró que las adquisiciones se sustentan en estudios de mercado elaborados por las áreas requirentes, cuyos resultados sirven para establecer los montos presupuestales y comparar las propuestas económicas. Negó que en los procedimientos se soliciten pagos indebidos o “moches” a proveedores e invitó a denunciar cualquier conducta irregular ante las instancias correspondientes.

La legisladora cuestionó al oficial mayor si se identifica con los principios de no mentir, no traicionar y no robar al pueblo, y cómo aplica este último principio en su gestión.

El funcionario señaló que su compromiso se refleja en la realización de la mayoría de las contrataciones mediante licitación pública, la creación de comités para transparentar los procedimientos y la atención permanente de auditorías durante todo el año, con el propósito de garantizar la transparencia en las adquisiciones y las actividades de la Oficialía Mayor.

La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó sobre la situación jurídica del inmueble denominado Milpa de Flores, ubicado en Ixmiquilpan y otorgado en comodato a la Cruz Roja Mexicana, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2024. Requirió conocer si el contrato fue renovado y si existe la posibilidad de donar el inmueble a dicha institución.

El titular recordó que hasta el momento la Cruz Roja no ha presentado una solicitud formal para renovar el comodato, aunque continúa ocupando el inmueble. Respecto a una posible donación, precisó que sería necesario iniciar el procedimiento correspondiente, someterlo a consideración del comité y, de aprobarse, emitir el decreto de donación.

La legisladora indicó que presentó un oficio formal el 12 de diciembre de 2024, a solicitud de la Cruz Roja, sin haber recibido respuesta sobre la renovación del comodato ni sobre los requisitos necesarios para realizar el trámite. Solicitó que se dé seguimiento a la petición y se informe oficialmente el procedimiento correspondiente.

El oficial mayor se comprometió a emitir una respuesta formal, establecer contacto con la Cruz Roja para revisar el procedimiento de actualización del comodato y atender cualquier solicitud formal de donación del inmueble.

La diputada María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) preguntó si los más de 74 millones de pesos que se reportaron como posibles afectaciones evitadas a las finanzas públicas ingresaron efectivamente a las arcas estatales o corresponden a una estimación.

El funcionario confirmó que el Gobierno de Hidalgo ha donado 16 inmuebles para proyectos de Bancos del Bienestar y Viviendas del Bienestar. Respecto a los 74 millones de pesos, precisó que 5 millones ingresaron efectivamente a las arcas estatales por concepto de penalizaciones a proveedores, mientras que el monto restante corresponde a recursos cuya salida se evitó mediante la rescisión de contratos incumplidos, al no realizarse los pagos correspondientes.

La legisladora preguntó cómo realiza la Oficialía Mayor las inspecciones de los inmuebles otorgados en comodato.

El titular explicó que durante la actual administración los comodatos se otorgan por periodos de un año, lo que permite revisar periódicamente el estado de los inmuebles y determinar si se renuevan o cancelan. Además, señaló que se exige a los comodatarios mantener los bienes en buenas condiciones, darles mantenimiento y cumplir con el pago de servicios como agua y electricidad.