En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó la falta de atención de la secretaria a las solicitudes de reunión de la Comisión de Movilidad durante casi un año. Asimismo, puso en duda el 96% de eficacia operativa reportado por la dependencia y el intervalo de 10 minutos entre unidades, al señalar que los tiempos de espera pueden superar los 20 minutos. También destacó la disminución del porcentaje de rutas del transporte convencional verificadas, que pasó de 17.96% en 2023 a 11.38% en 2024, 4.71% en 2025 y 1.69 % en 2026, cifras que contrastan con la meta del 100%, por lo que solicitó una explicación sobre el incumplimiento de los objetivos de supervisión y las posibles afectaciones a las personas usuarias.

La titular explicó que la falta de reunión con la Comisión de Movilidad se debió a problemas de comunicación y a la falta de confirmación de fechas y temas, y manifestó su disposición para dialogar con el Congreso. Respecto a los indicadores, aclaró que el transporte masivo y el convencional son sistemas distintos: el primero registra una eficiencia operativa del 99 %, mientras que el segundo enfrenta rezagos históricos y requiere mayores acciones de ordenamiento. Además, señaló que las labores de supervisión en territorio y las revisiones técnicas de rutas corresponden a áreas diferentes, por lo que los indicadores de verificación mencionados por la diputada reflejan el trabajo del área de ingeniería y no la totalidad de las acciones de vigilancia y supervisión.

La legisladora insistió en que integrantes de la Comisión de Movilidad han solicitado en varias ocasiones reunirse con la secretaria, incluso mediante gestiones con la Secretaría de Gobierno. Además, pidió aclarar cómo se determina el intervalo de 10 minutos entre unidades del Tuzobús, por qué los autobuses adaptados para personas con discapacidad dejaron de operar después de aproximadamente dos meses y si fueron productivas las inversiones de cerca de 29 millones de pesos en elementos de confinamiento y en la rehabilitación de unidades, debido al deterioro observado. También cuestionó la falta de mesas de trabajo para analizar alternativas al carril confinado del Tuzobús y solicitó estudios que permitan mejorar la circulación y reducir el congestionamiento en horas pico.

La secretaria aclaró que, cuando se pronunció públicamente sobre el carril exclusivo del Tuzobús, aún no había recibido ni conocido formalmente el exhorto legislativo. Detalló que se realizaría un análisis del flujo vehicular mediante cámaras con inteligencia artificial en tres puentes del bulevar Felipe Ángeles, en coordinación con autoridades de seguridad pública y tránsito municipal de Pachuca, para evaluar la circulación y determinar posibles acciones. Asimismo, defendió el carril confinado por su fundamento legal, su importancia para garantizar la operación eficiente del transporte masivo y la seguridad vial.

El diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) cuestionó la actuación de la Semot ante el inicio de operaciones de Uber en Pachuca y planteó cuatro preguntas: qué acciones realizó la secretaría antes del inicio del servicio de Uber, cuántas denuncias ha presentado con fundamento en el artículo 344 del Código Penal desde 2022, cómo garantizará que las sanciones se dirijan también a la empresa y cuántas multas por cobros excesivos ha aplicado desde la entrada en vigor del nuevo tarifario el 23 de septiembre.

La funcionaria señaló que los amparos promovidos por Uber no le otorgaron autorización para operar en Hidalgo y que la legislación estatal prohíbe prestar servicios de transporte sin concesión o permiso. Compartió que el gobierno estatal trabaja de manera coordinada en una estrategia que contempla sanciones administrativas y posibles acciones penales. Puntualizó que se han aplicado 50 multas a unidades que ofrecen transporte mediante plataformas digitales o redes sociales, además de realizar mil 166 sanciones generales y enviar 324 unidades a depósitos vehiculares por distintos motivos durante el periodo del 5 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2026. Añadió que se realizaron operativos en municipios como Huejutla, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, donde se logró inhibir la operación de dos plataformas.

El legislador cuestionó el arrendamiento de 80 autobuses y 60 vagonetas para el Tuzobús, señalando que las rentas podrían superar los 720 millones de pesos y representar cerca de 30 millones mensuales.

La titular comunicó que se optó por el arrendamiento de las unidades del Tuzobús tras evaluar distintas alternativas, debido a que incluye beneficios como mantenimiento integral, seguro de cobertura amplia, reparación de carrocería y pintura, reemplazo de neumáticos y trámites de control vehicular. Dijo que, si el estado hubiera comprado directamente los autobuses, estos gastos adicionales tendrían que ser cubiertos con recursos públicos, ya sea por la Oficialía Mayor o por el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) solicitó conocer los principales hallazgos de los diagnósticos, los proyectos derivados, su presupuesto, calendario y responsables de ejecución, así como los resultados medibles que la Semot ha alcanzado en casi cuatro años para reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad.

La secretaria compartió que los PIMUS de Tula, Tulancingo y Tizayuca son instrumentos de planeación a corto, mediano y largo plazo que identifican problemáticas de movilidad, transporte y diseño vial, además de proponer proyectos estratégicos y acciones de urbanismo táctico. Compartió que los estudios, elaborados durante el ejercicio fiscal 2025, están disponibles en las páginas oficiales y contienen diagnósticos, estadísticas y propuestas para mejorar la vialidad y la accesibilidad urbana. Sin embargo, aclaró que los proyectos requieren análisis adicional, elaboración de expedientes ejecutivos y presupuestos de inversión para su implementación por parte de los municipios o del gobierno estatal.

El legislador lamentó que los PIMUS aún no muestran resultados tangibles para la ciudadanía y requirió identificar mejoras concretas derivadas de su implementación. Asimismo, cuestionó la persistencia de servicios de transporte privado ofrecidos mediante redes sociales y preguntó cómo garantizaría la SEMOT una competencia justa frente a plataformas como Uber, considerando que los concesionarios formales deben cumplir con pagos, seguros, permisos e inspecciones vehiculares.

La funcionaria reiteró que los PIMUS concluyeron recientemente y constituyen herramientas de planeación para que los municipios y el estado desarrollen proyectos de inversión en movilidad, transporte y diseño vial, aunque reconoció que los estudios por sí solos no generan resultados inmediatos. Respecto a Uber y otras plataformas, insistió en que no cuentan con autorización legal para operar en Hidalgo y que su actividad representaría una competencia desigual frente al transporte concesionado, cuyos operadores deben cumplir requisitos de regulación, supervisión y seguridad.

La diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) pidió conocer la estrategia integral con indicadores verificables para reducir los tiempos de espera, ampliar la cobertura en comunidades rurales, mejorar la seguridad y elevar la calidad del servicio, especialmente en los municipios que dependen del transporte convencional para acceder a servicios de salud, educación y empleo.

La titular indicó que los avances del transporte metropolitano se han registrado durante apenas tres meses de operación directa por parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, destacando la incorporación de nuevas unidades y la recuperación del carril exclusivo. Aseveró que las encuestas semestrales de satisfacción ciudadana muestran una tendencia al alza y que la frecuencia de paso de las unidades se monitorea constantemente. Respecto al transporte convencional, explicó que el Censo Estatal del Transporte permitirá identificar necesidades de cobertura, reorganizar rutas y determinar dónde se requiere otorgar nuevas concesiones, con miras a una reestructuración del servicio a corto plazo.

La legisladora manifestó que la ciudadanía percibe mayor seguridad y mejor servicio en las plataformas digitales que en algunos taxis convencionales. Además, solicitó información sobre el número de quejas y denuncias por acoso, hostigamiento o violencia recibidas por la Semot durante los últimos cuatro años.

La secretaria precisó que el Sistema Integrado de Transporte Masivo cuenta con el Protocolo Naranja y puntos de atención en sus estaciones, donde se brinda protección inmediata a mujeres que reportan acoso o violencia. Recordó que la dependencia trabaja en la elaboración de un protocolo para prevenir y erradicar estas conductas en el transporte convencional. Asimismo, reportó nueve quejas en este sistema, de las cuales tres han sido concluidas, y destacó el acompañamiento integral que se ofrece a las víctimas en coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres.

El diputado Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) cuestionó la falta de coordinación entre las dependencias estatales y municipales para planificar la ejecución de obras públicas, señalando que la apertura y el cierre de vialidades parecen realizarse sin una programación conjunta. Propuso establecer un consejo de construcción con la participación de las distintas instituciones, que permita compartir periódicamente los calendarios de obra y coordinar su ejecución para reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

La funcionaria aseguró que la Semot ha solicitado a dependencias federales, estatales y municipales que notifiquen el inicio y las características de las obras públicas, con el fin de planificar rutas alternas y reducir las afectaciones al transporte público. Reconoció que la falta de coordinación y de una mesa de trabajo interinstitucional dificulta la planeación, pues algunos cierres viales se notifican de manera repentina. Por ello, indicó que se buscará reforzar la coordinación entre las autoridades responsables de las obras y la movilidad.

El legislador expresó su preocupación por el aumento del uso de motocicletas y la falta de regulación de algunas conductas de sus conductores, como el exceso de velocidad, los rebases indebidos, la circulación entre vehículos y los daños ocasionados sin que los responsables sean identificados.

La titular mencionó que la secretaría trabaja en la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para fortalecer la regulación de las motocicletas. Precisó que se enviaron oficios a los municipios para revisar y endurecer sus reglamentos de tránsito, reforzando la supervisión y las sanciones por conductas irresponsables, como circular sin placas ni casco. Asimismo, indicó que, en coordinación con la Sedatu y las 32 entidades federativas, se trabaja en una nueva norma oficial para mejorar los estándares de seguridad de los cascos.

El diputado Julián Nochebuena Hernández (Morena) cuestionó las condiciones del transporte rural mixto, cuyas unidades, diseñadas originalmente para carga, pueden carecer de medidas adecuadas de seguridad. Por ello, solicitó conocer, con base en el Censo Estatal del Transporte, cuántas comunidades presentan cobertura insuficiente y cuántas unidades requieren regularización, seguro de viajero o mejoras físicas.

La secretaria informó que, de las mil 177 comunidades indígenas analizadas, 713 localidades cuentan con acceso al transporte público a menos de 500 metros, lo que representa una cobertura del 77.66% de la población indígena considerada, equivalente a 568 mil 803 habitantes. Reconoció que la Huasteca enfrenta dificultades particulares por su geografía y usos y costumbres, donde persiste el uso de unidades irregulares que ponen en riesgo a las personas usuarias. Aseguró que la Semot realiza acciones de concientización con líderes transportistas y autoridades comunitarias, además de operativos de supervisión y un monitoreo para identificar localidades sin servicio.

El legislador enfatizó que los usos y costumbres no deben estar por encima del derecho de las personas a trasladarse con seguridad, calidad y dignidad.

La funcionaria reconoció que la regularización del transporte en la Huasteca es compleja debido a los usos y costumbres, las condiciones económicas y las dificultades geográficas, pues algunas comunidades tienen caminos sin pavimentar donde las camionetas tipo Urvan no siempre son adecuadas. Explicó que la secretaría prioriza la concientización y sensibilización de las comunidades mediante su coordinador regional y en colaboración con concesionarios, ya que las sanciones por sí solas no han resuelto el problema.

La diputada Hilda Miranda Miranda (Morena) preguntó qué mejoras ha implementado la Semot para fortalecer la conectividad entre los municipios metropolitanos y ampliar la cobertura en colonias y fraccionamientos ante el crecimiento urbano.

La titular aseguró que la dependencia mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios metropolitanos para atender la congestión vial y coordinar acciones de movilidad. Expuso que la zona sur de Pachuca presenta una alta concentración de actividades comerciales, educativas, gubernamentales y habitacionales, lo que incrementa el flujo vehicular, especialmente en el bulevar Felipe Ángeles.

La legisladora Yarabi González Martínez (Morena) solicitó conocer las acciones para establecer un servicio especializado, accesible y de bajo costo, así como los proyectos para ampliar la cobertura del transporte adaptado en comunidades indígenas y rurales, a fin de facilitar el acceso a la atención médica.

La secretaria aceptó que actualmente no cuenta con datos precisos sobre la población que requiere transporte especializado, por lo que se comprometió a instruir al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo para coordinarse con los municipios de la región y las instancias de inclusión, recopilar información y analizar alternativas de traslado accesible para quienes necesitan acudir a terapias y servicios de rehabilitación en lugares como Huejutla, Tulancingo o Pachuca.

La diputada pidió a la Semot una estrategia para regularizar y ordenar el transporte, ampliar las rutas rurales, establecer horarios adecuados a las necesidades de la población e informar sobre los avances de las supervisiones técnicas previamente solicitadas.

La funcionaria informó que existen 26 unidades tipo vagoneta que prestan servicio colectivo en San Bartolo Tutotepec y conectan con Tenango de Doria y algunas comunidades, además de ocho rutas vinculadas con Huehuetla. Señaló que, como resultado de un análisis preliminar, se realizará un recorrido en la región junto con el director del Sistema de Transporte Convencional y representantes del sector transportista para evaluar posibles ajustes y reorganizaciones de rutas rurales. Respecto al transporte irregular, explicó que el censo permitirá identificar las unidades, sus condiciones y la necesidad real del servicio para determinar si corresponde regularizarlas o aplicar operativos de vigilancia y sanciones.

La legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) cuestionó el incremento del 20 % a la tarifa del transporte colectivo, de 10 a 12 pesos, y solicitó conocer qué mejoras se han implementado en frecuencia, cobertura, horarios y calidad del servicio. También pidió información sobre las unidades inspeccionadas, aquellas que carecen de seguro vigente, las concesiones sancionadas y las estrategias para reducir los accidentes. Expuso el caso de una usuaria lesionada durante un altercado entre conductores de combis ocurrido el 9 de octubre en Pachuca y solicitó conocer qué seguimiento brinda la secretaría a las denuncias y cómo garantiza la atención a las víctimas.

La titular detalló que la Semot intensificó los operativos de vigilancia y supervisión, dando seguimiento a quejas ciudadanas y revisando especialmente las rutas con reportes de inconformidad. Aclaró que no todos los siniestros en los que participan unidades de transporte público son responsabilidad de sus conductores y explicó que, cuando es posible, el personal verifica la documentación de las unidades y brinda apoyo para que los seguros respondan. Respecto a la usuaria lesionada, aseguró que la dependencia estableció contacto con ella y le brindó atención y acompañamiento jurídico y administrativo.

La diputada destacó la necesidad de garantizar una movilidad digna y segura en Hidalgo, cuestionando que en la Huasteca aún se utilicen camionetas de carga para transportar pasajeros. Preguntó a la secretaria si ha utilizado personalmente estos servicios para conocer sus condiciones reales. También expresó su preocupación por el posible aumento del tráfico en la zona sur de Pachuca.

La secretaria puntualizó que, del 5 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2026, la dependencia inspeccionó 756 rutas de transporte público mediante operativos permanentes de vigilancia y supervisión. Aseguró que las condiciones de las unidades se revisan durante las revistas vehiculares y que se proyecta incorporar equipo tecnológico para verificar su estado y garantizar un servicio digno. Reconoció que existen áreas de mejora y que no todos los siniestros son responsabilidad de los conductores del transporte público.

La legisladora Paloma Barragán Santos (Morena) cuestionó las acciones implementadas para regular las tarifas del transporte público en la Huasteca hidalguense, combatir las unidades irregulares y evitar cobros no autorizados. También preguntó cuántos operativos e infracciones se han realizado, si existen concesionarios sancionados, qué comunidades presentan insuficiencia de transporte y qué nuevas rutas, concesiones o inversiones se contemplan para mejorar la conectividad y la seguridad de las personas usuarias.

La funcionaria precisó que en la zona se han realizado 53 operativos, aplicado 70 infracciones y remitido 15 unidades al depósito vehicular, además de detectar seis unidades irregulares durante las inspecciones. Reveló que parte del transporte irregular surge por la insuficiencia de corridas del autotransporte federal, lo que lleva a la población a utilizar servicios sin garantías de seguridad ni seguro para pasajeros.

El diputado José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) Preguntó cuántas unidades y operadores de las rutas y paraderos censados en los municipios serranos han regularizado su situación y renovado sus tarjetones mediante el estímulo fiscal del 50% de descuento en multas.

La titular compartió que mil 362 operadores del transporte público convencional en Hidalgo se han beneficiado con el descuento del 50% en el pago de multas por trámites relacionados con el tarjetón, aunque aclaró que no cuenta con cifras desglosadas específicamente para la Sierra Hidalguense.

El legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) cuestionó a la secretaria por la falta de reuniones con el Congreso, pese a las reiteradas convocatorias de la comisión correspondiente. También preguntó por qué no se ha integrado el Consejo de Movilidad y Transporte previsto en la ley estatal. Solicitó aclaraciones sobre la licitación para arrendar 80 unidades del Tuzobús por más de 662 millones de pesos, particularmente sobre el rechazo de una propuesta aproximadamente 230 millones más económica, los criterios técnicos utilizados y la participación de la Secretaría en el procedimiento.

La secretaria negó haberse rehusado a comparecer y atribuyó la situación a una posible falta de comunicación, reiterando su disposición a asistir cuando se le convoque y se definan los temas a tratar. Respecto a la licitación para el arrendamiento de unidades del Tuzobús, aclaró que el procedimiento estuvo a cargo de la Oficialía Mayor, mientras que el Sistema Integrado de Transporte Masivo fue responsable de establecer las especificaciones técnicas requeridas para las unidades.

El diputado preguntó sobre la falta de atención y los retrasos en los trámites de los transportistas y si ya funciona el sistema anunciado para agilizar su resolución. También requirió conocer los criterios técnicos del incremento del 20% en las tarifas de taxi, las medidas para los municipios sin tarifas oficiales y quién cubrirá el costo de los taxímetros digitales. Además de aclarar si las 140 nuevas unidades del transporte metropolitano serán propiedad del estado y solicitó formalmente el estudio técnico que justificó el confinamiento del carril del Tuzobús.

La funcionaria reconoció que el sistema de transporte convencional enfrenta deficiencias administrativas acumuladas durante años, como expedientes incompletos e irregularidades en las concesiones. Insistió en que se trabaja en la reorganización interna, la regularización documental de los concesionarios y la digitalización de expedientes para agilizar los trámites. Aclaró que estos cambios requieren tiempo debido al volumen de solicitudes y que se están sentando las bases para mejorar la gestión del transporte público en Hidalgo.

La legisladora Karla Perales Arrieta (MC) preguntó sobre la seguridad en unidades y los resultados sobre el censo de transporte.

La titular dijo que el censo se realizó recientemente, por lo que aún es pronto para implementar una reorganización integral del servicio en Hidalgo. Precisó que las decisiones se tomarán con base en los resultados del censo y la información técnica y operativa disponible, priorizando los municipios y las comunidades con mayor problemática, especialmente aquellas sin acceso al transporte público y las zonas urbanas con nuevos desarrollos habitacionales.

La diputada preguntó cuántas quejas por cobros indebidos recibió la secretaría entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, en cuántas se verificó la corrección y cuáles fueron los tiempos de respuesta y las evidencias correspondientes.

La secretaria especificó que se han recibido nueve quejas desde la entrada en vigor del incremento tarifario e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias formales para investigar los casos y aplicar las sanciones correspondientes.

La legisladora María Guadalupe Cruz Montaño (PVEM) solicitó informar qué acciones se han implementado para garantizar que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad tengan acceso a un transporte público accesible, seguro, digno e incluyente. Asimismo, compartir el porcentaje de unidades de transporte público que cuentan con las condiciones de accesibilidad necesarias para atender adecuadamente a estos sectores de la población.

La funcionaria señaló que la infraestructura pública debe diseñarse y adecuarse con un enfoque de derechos humanos, garantizando la accesibilidad y la movilidad de todas las personas. Informó que se han emitido comunicados dirigidos a los municipios con el propósito de dar a conocer las normas oficiales aplicables al diseño de calles, la infraestructura urbana, la señalización vial y demás disposiciones relacionadas.

La diputada expresó que, mientras en el área metropolitana existe transporte adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida, en el resto del estado, especialmente en la región Huasteca, hay una falta de unidades accesibles.

La titular compartió que se adquirieron ocho unidades de movilidad incluyente para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, con una inversión de 19 millones 841 mil 311 pesos, destinadas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Estas unidades son propiedad del estado y sus gastos operativos son cubiertos por el sistema. Sin embargo, reconoció que este servicio no opera en los 84 municipios, por lo que consideró necesario impulsar la accesibilidad universal en las unidades de transporte público convencional.

La legisladora Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó por los plazos de conclusión y publicación de los estudios, los mecanismos de participación ciudadana y las estrategias de seguimiento para convertir los diagnósticos en proyectos concretos, con presupuestos, responsables, fuentes de financiamiento e indicadores de resultados.

La secretaria manifestó informó que, por instrucción del gobernador, se busca descentralizar la planeación de la movilidad y ampliar los beneficios de los PIMUS a más de 13 municipios. Detalló una inversión de 4 millones 44 mil 900 pesos para Huejutla y 4 millones 806 mil 483 pesos para Ixmiquilpan. Asimismo, recordó que estos planes contemplan la participación ciudadana, incluyendo transportistas, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, para identificar necesidades y proponer soluciones a través de los equipos consultores responsables.

La diputada cuestionó si la secretaría ha evaluado permitir que vehículos particulares con tres o más ocupantes utilicen el carril confinado del Tuzobús o establecer carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación. Asimismo, solicitó información sobre estudios técnicos existentes o la posibilidad de realizarlos para reducir el uso del automóvil con un solo ocupante.

La funcionaria consideró que permitir el uso del carril confinado del Tuzobús a vehículos particulares podría desincentivar el transporte público y aumentar la congestión vehicular. Aclaró que el confinamiento responde a las normas oficiales y a la jerarquía de movilidad, y permite garantizar la rapidez, frecuencia y seguridad del servicio. Comentó que desde su implementación solo se han registrado dos siniestros viales por invasión del carril, lo que ha contribuido a proteger la vida de usuarios, conductores y peatones.

El legislador José Luis Rodríguez Higareda (Morena) cuestionó cuándo se implementará un servicio de transporte público adecuado hacia el Hospital de Especialidades de Doxey, debido a que varias especialidades ya brindan atención médica.

La titular explicó que el nosocomio presenta problemas de conectividad vial y accesibilidad, debido a que no se consideraron suficientemente las necesidades de movilidad durante su construcción. Indicó que existen solicitudes de transportistas para crear, ampliar o modificar rutas, las cuales están en proceso de resolución y cuentan con dictámenes técnicos para evaluar la cobertura del servicio.

El diputado cuestionó la falta de condiciones equitativas entre los conductores de Uber y los taxistas en Pachuca, señalando las quejas por cobros excesivos en el servicio de taxi. Además, preguntó si se ha considerado implementar un programa de Hoy No Circula para atender los problemas de tránsito en la ciudad.

La secretaria comunicó que analizará nuevamente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la viabilidad de implementar un programa Hoy No Circula en Pachuca. Asimismo, reconoció las deficiencias del transporte público y señaló que se han realizado mesas de trabajo para mejorar el servicio y regularizar a los concesionarios, particularmente en la publicación de tarifas y la documentación.

La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) señaló que, según un estudio del IMCO de 2026, Pachuca ocupa el cuarto lugar nacional en pérdida de tiempo por congestión vehicular, con 164 horas anuales perdidas por persona y un costo económico de aproximadamente mil 858 millones de pesos. Ante esta situación, cuestionó qué medidas concretas se implementarán para resolver el problema del tráfico y en qué plazo se verán resultados.

La funcionaria atribuyó la congestión vehicular al incremento del uso del automóvil particular y a la falta de infraestructura para fomentar la movilidad activa, como ciclovías y senderos peatonales seguros y conectados. Señaló que se impulsan campañas de concientización y obras para ampliar vialidades en la zona metropolitana de Pachuca, especialmente en puntos de alta congestión, como el puente Colonias y el de Las Torres, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

La diputada expresó su preocupación por la congestión vehicular en el sur de Pachuca, que podría prolongarse durante las obras del bulevar Las Torres y del tren Pachuca-Buenavista. Solicitó a la secretaria propuestas concretas y temporales para reducir las afectaciones a la ciudadanía mientras concluyen los trabajos, como habilitar el carril confinado del Tuzobús en horas pico o permitir su uso a vehículos con alta ocupación.

La titular informó que se instalarán tres cámaras para medir la afluencia de usuarios del Tuzobús, especialmente en horas pico, y evaluar posibles medidas para reducir la congestión vehicular. Señaló que el Sistema Integrado de Transporte Masivo analiza alternativas en coordinación con autoridades municipales y estatales, y enfatizó que el congestionamiento también afecta vialidades donde no circula el transporte metropolitano.