En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) cuestionó en qué consiste la colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la identificación humana y cuáles son los resultados obtenidos, subrayando su relevancia para dar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos.

El encargado explicó que la PGJEH mantiene un convenio de colaboración con el INE para identificar cuerpos mediante el cotejo de huellas dactilares con los registros electorales, que incluyen fotografías y datos personales. “Como resultado de este trabajo pericial conjunto, se han identificado 111 cuerpos, de los cuales 90 han sido restituidos a sus familias, contribuyendo a brindar certeza y respuesta a quienes buscan a sus seres queridos”, mencionó.

La legisladora preguntó qué avances concretos ha logrado la PGJEH para garantizar que las mujeres tengan mayores oportunidades de ingreso, desarrollo profesional y acceso a puestos directivos dentro de la institución.

El funcionario informó que más del 50% del personal de la institución son mujeres y que el 54.6% ocupa puestos en el área directiva. Asimismo, reconoció su desempeño profesional y manifestó su intención de continuar incrementando su participación en la institución.

La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) cuestionó qué cambios y resultados verificables ha generado la reforma de marzo de 2026 que creó la unidad especializada en extorsión, solicitó precisar si ya opera plenamente con personal, presupuesto, herramientas y protocolos propios; cuántas investigaciones se han judicializado y cuántas han derivado en sentencias, así como los avances para identificar las redes, los medios de comunicación y los flujos de dinero vinculados con este delito.

El encargado precisó que la Procuraduría cuenta con una unidad especializada en extorsión, cuyo personal recibe capacitación constante por parte de la FGR y trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Además, anunció que prevé crear una fiscalía especializada en este delito a principios de 2027. Como resultados, reportó 82 carpetas de investigación iniciadas, seis vinculaciones a proceso y cinco sentencias condenatorias.

La legisladora preguntó qué proporción de las carpetas de investigación por violencia familiar y feminicidio llega a una resolución judicial, cuánto tiempo transcurre entre la denuncia y la judicialización, qué mecanismos utiliza la PGJEH para revisar expedientes rezagados y garantizar información y protección a las víctimas.

El funcionario mencionó que, de agosto de 2025 a junio de 2026, se iniciaron cinco carpetas por feminicidio, se reportaron 10 vinculaciones a proceso y nueve sentencias condenatorias. En violencia familiar, se iniciaron 7 mil 467 carpetas, hubo 813 vinculaciones a proceso y 437 sentencias condenatorias. También señaló que existen 19 carpetas pendientes de concluir por feminicidio, 2 mil 101 por violencia familiar y 921 por delitos sexuales. Destacó que las medidas de protección se otorgan de manera urgente para salvaguardar la integridad de las víctimas, aunque no precisó el tiempo promedio de judicialización ni los mecanismos específicos de revisión periódica de expedientes rezagados.

La diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) cuestionó cómo evalúa la PGJEH su desempeño en la atención de la violencia de género y la trata de personas, considerando las cifras de incidencia y los resultados obtenidos.

El encargado compartió las sentencias de hasta 75 años de prisión por trata de personas y la colaboración internacional para fortalecer las capacidades institucionales. Asimismo, comunicó que, de agosto de 2025 a junio de 2026, se iniciaron 17 carpetas por violencia vicaria, una fue judicializada y se obtuvo una sentencia, la cual calificó como un referente nacional.

La legisladora preguntó si el personal de la dependencia, especialmente los ministerios públicos, cuenta con capacitación y perspectiva de género para identificar oportunamente patrones de violencia vicaria y prevenir que los conflictos familiares escalen y afecten a niñas y niños.

El funcionario subrayó que la institución cuenta con personal especializado en perspectiva de género y capacitación constante. Añadió que, al presentarse una denuncia, se realiza una valoración para atender el caso.

La diputada Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó qué porcentaje de los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia utiliza entrevistas especializadas y videograbadas para evitar que tengan que repetir su testimonio y sean revictimizados y cuándo se implementará este mecanismo en los casos donde aún no se utiliza.

El encargado mencionó que la institución cuenta con una Subprocuraduría de Género especializada y que, cuando las víctimas son menores de edad, se dispone de sistemas de atención y apoyo psicológico para facilitar que expresen lo sucedido.

La legisladora preguntó cuántos de los objetivos prioritarios detenidos y puestos a disposición de la PGJEH habían sido judicializados al 31 de agosto y qué mecanismos garantizan la recepción de denuncias y la protección de víctimas en municipios sin procuradurías o subprocuradurías.

El funcionario comentó que los casos de delitos de alto impacto registran aproximadamente un 90% de vinculaciones a proceso. Respecto a la atención ciudadana, subrayó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para implementar medidas de protección a las víctimas y la operación de Centros de Atención Temprana (CAT), que permiten presentar denuncias en distintos municipios. Asimismo, detalló que la institución cuenta con 34 agencias para acercar los servicios de procuración de justicia a la población.

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) cuestionó qué acciones está implementando la Procuraduría para fortalecer la procuración de justicia, proteger a las víctimas y garantizar que las investigaciones se resuelvan oportunamente, a fin de recuperar la confianza ciudadana y contribuir a la paz social.

El encargado del despacho informó que, al inicio de la administración, la institución tenía más de 177 mil carpetas de investigación en trámite y que se ha logrado reducir el rezago en 57 mil carpetas, equivalente al 32%. Señaló que continuará la estrategia para agilizar y resolver las investigaciones, con la meta de reducir entre un 20 y un 30 % adicional durante el próximo año y superar el 50 % de disminución del rezago durante la administración del gobernador.

El legislador preguntó qué estrategias implementa la PGJEH para abatir el rezago de carpetas de investigación, reducir la impunidad y permitir que el personal se concentre en los delitos prioritarios y la atención a las víctimas.

El funcionario aseveró que la dependencia prioriza las carpetas de cada agencia del Ministerio Público para agilizar su resolución, sin restar importancia a ningún delito. Dijo que durante 2025 se registraron 59 mil 536 determinaciones y destacó un índice de efectividad del 90%, según las cifras expuestas. Asimismo, reconoció el trabajo del personal ministerial y reiteró el compromiso de reducir el rezago, mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la procuración de justicia.

El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) cuestionó dónde se encuentran actualmente los restos de las dos personas exhumadas el 3 de octubre en Cañada, municipio de Atotonilco de Tula, y qué documentación acredita su identidad y destino, qué autoridad solicitó y autorizó la exhumación y por qué se realizó durante la madrugada.

El encargado precisó que la exhumación se realizó a las 3:00 a. m. por motivos operativos y condiciones climáticas. Indicó que la Procuraduría autorizó la diligencia para evitar una presunta irregularidad relacionada con una sepultura realizada fuera del periodo permitido, tras una denuncia presentada por el propio municipio. Afirmó que el procedimiento se llevó a cabo respetando las formalidades y que los cuerpos se encuentran actualmente en el panteón municipal. Añadió que la carpeta de investigación contiene un informe pericial fotográfico que documenta el traslado y la reubicación de los restos.

El legislador preguntó si existe documentación oficial que acredite la identificación y el traslado de los cuerpos exhumados, si esta información fue entregada a sus familiares y si la PGJEH revisó los antecedentes del predio y verificó que la exhumación y la notificación se realizaran conforme a la ley.

El funcionario aseguró que las actuaciones se realizan conforme a derecho y bajo revisión de los protocolos institucionales. Informó que cuentan con certificados de defunción para acreditar la identidad de los cuerpos y con un dictamen pericial. Explicó que los familiares posiblemente no fueron notificados formalmente por la Procuraduría porque no forman parte de la carpeta de investigación, aunque afirmó que se les ha explicado el estado del asunto. También señaló que desconoce si la presidencia municipal les informó sobre la nueva ubicación de los restos.

El diputado Julián Nochebuena Hernández (Morena) cuestionó qué acciones realiza la dependencia, en coordinación con otras instituciones, para prevenir la reincidencia de adolescentes y evitar su reclutamiento por grupos delictivos, cuánto de los más de 950 millones de pesos invertidos en modernización se destinó a la remodelación y adecuación de instalaciones, qué áreas fueron intervenidas y cómo estas mejoras han beneficiado la atención ciudadana.

El encargado destacó que Hidalgo cuenta con una Fiscalía Especializada en Adolescentes, con ministerios públicos especializados, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica. Compartió que, durante el periodo reportado, se iniciaron 564 carpetas de investigación contra adolescentes, 56 fueron vinculadas a proceso, con 45 personas involucradas, y se obtuvo una sentencia condenatoria. Lamentó que los delitos más frecuentes sean lesiones dolosas, amenazas y abuso sexual. Además, indicó que en cuatro años se han invertido más de 950 millones de pesos en el fortalecimiento institucional, de los cuales 270 millones corresponden al periodo informado, destinados a servicios periciales, un centro de datos seguro, equipo táctico, vehículos y sistemas de inteligencia.

La legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) preguntó cuántas personas han sido judicializadas y vinculadas a proceso por delitos relacionados con el huachicol y otras actividades delictivas en regiones como Tula y Cuautepec, y qué coordinación mantiene la PGJEH con la Secretaría de Seguridad Pública para combatirlos, qué acciones realiza la Procuraduría para sancionar el maltrato y la crueldad animal, cuántas personas han sido vinculadas a proceso y cuántos casos siguen pendientes.

El funcionario recalcó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la FGR y otras instituciones para combatir la delincuencia. En la región de Tula, que comprende 21 municipios, reportó la desarticulación de 23 células delictivas, mil 117 personas vinculadas a proceso, 46 órdenes de aprehensión y mil 50 acuerdos reparatorios. En materia de maltrato y crueldad animal, anunció que la Fiscalía Especializada ha iniciado 92 carpetas de investigación, judicializado 21 y obtenido cuatro sentencias. Además, se han rescatado 103 animales que son canalizados a los municipios para recibir atención veterinaria y posteriormente ser dados en adopción.

La diputada cuestionó qué acciones implementa la PGJEH para fortalecer la atención a la violencia contra las mujeres, mantener comunicación con las familias de personas desaparecidas, garantizar investigaciones oportunas de feminicidio con perspectiva de género y avanzar en la prevención e investigación de la violencia digital contra mujeres, niñas y niños, así como los avances para establecer una posible comisión de feminicidio en Hidalgo.

El encargado destacó la atención directa a madres buscadoras y familias de personas desaparecidas, así como la coordinación con la Comisión de Búsqueda. Informó que se iniciaron 848 carpetas por desaparición y no localización; se localizaron 716 personas con vida y 55 sin vida, mientras que 133 permanecían sin localizar, según las cifras presentadas. En materia de feminicidio, reportó seis carpetas iniciadas, entre cinco y seis personas vinculadas a proceso y siete sentencias condenatorias. Asimismo, subrayó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas federales para fortalecer las investigaciones y reducir la incidencia de este delito.

La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) preguntó qué medidas tomó la dependencia ante la difusión de un video en el que personal del área antisecuestros, incluido el titular de la unidad, presuntamente consumía bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la institución.

El funcionario calificó los hechos como reprochables y señaló que habló directamente con el personal involucrado. Comunicó que, tras la intervención del Órgano Interno de Control, se aplicó una suspensión de un mes a las personas responsables. Además, afirmó que no tolerará que este tipo de conductas se repitan dentro de las instalaciones de la Procuraduría, independientemente de la ocasión.

La diputada cuestionó qué respuesta ofrece la Procuraduría a los señalamientos realizados durante la comparecencia anterior por una persona identificada como Dulce y cuál es el estado actual de la investigación por el homicidio de su hermano y del asunto familiar relacionado.

El encargado informó que, en el caso del homicidio, existe una orden de aprehensión, pero no puede ejecutarse actualmente porque la persona imputada cuenta con un amparo. Respecto al asunto familiar, explicó que se trataba de una colaboración con el Estado de México y que, tras el fallecimiento de la persona imputada, el procedimiento concluyó mediante un sobreseimiento.

La legisladora Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) preguntó qué impacto tiene la certificación internacional ANAB de los laboratorios forenses de la PGJEH en la calidad de las investigaciones y en el desempeño de los servicios periciales.

El funcionario explicó que la certificación garantiza que los procesos periciales cumplan con estándares internacionales de calidad y competencia. Detalló que fortalece la cadena de custodia, aporta mayor confiabilidad y validez a las pruebas presentadas ante los tribunales y contribuye a reducir riesgos de corrupción. Asimismo, subrayó que la calidad del trabajo pericial es fundamental para judicializar investigaciones y obtener sentencias condenatorias.

La legisladora cuestionó qué estrategia implementará la PGJEH durante el proceso electoral de 2027 para atender e investigar oportunamente los posibles delitos electorales.

El encargado informó que la Procuraduría cuenta con una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo personal recibe capacitación y dispone de recursos materiales y financieros. Además, señaló que la ciudadanía puede presentar denuncias en cualquier agencia del Ministerio Público o Centro de Atención Temprana (CAT). También proporcionó el número 809 121 314 para recibir denuncias relacionadas con delitos electorales.