En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) estacó la necesidad de contar con instalaciones propias para el plantel Cobaeh de Progreso de Obregón, que lleva 11 años sin edificio propio.

El titular informó que la construcción de la obra educativa en Progreso de Obregón está prevista para iniciar a finales de noviembre y concluir antes del ciclo escolar 2027-2028, resaltando la importancia de la gestión y participación de la comunidad para concretar proyectos en beneficio de la población.

La legisladora planteó dos solicitudes: conocer si el Telebachillerato Comunitario de Tepeitic, Mixquiahuala, que atiende a aproximadamente 56 estudiantes y ha avanzado en la construcción de su plantel mediante aportaciones comunitarias, está incluido entre los 10 planteles que se fortalecerán; y saber si existe presupuesto asignado para construir o mejorar el laboratorio de materiales del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, que atiende a más de mil estudiantes y es importante para el desarrollo industrial de la región.

El secretario informó que la construcción del Telebachillerato Comunitario de Tepeitic ya está aprobada. Respecto al laboratorio de materiales del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, señaló que, al ser una institución de administración federal, la SEPH brindará acompañamiento en las gestiones para buscar que los recursos sean asignados directamente por la federación.

La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) preguntó cómo garantiza la SEPH que los recursos se asignen prioritariamente a las escuelas con mayores necesidades, independientemente de su capacidad de gestión o cercanía con las autoridades, y si existe un diagnóstico público y actualizado sobre los planteles que aún carecen de condiciones dignas, especialmente tras las recientes afectaciones climáticas.

El funcionario explicó que la SEPH ha fortalecido sus mecanismos de planeación mediante un sistema de información que permite identificar la ubicación de cada escuela, su matrícula, personal docente y condiciones de infraestructura y equipamiento. Señaló que un comité integrado por la Subsecretaría de Planeación y el Inhife prioriza las necesidades de los planteles, considerando criterios técnicos y situaciones de emergencia. Precisó que más del 90% de las decisiones de priorización se toman con base en las necesidades reales de las escuelas, independientemente de quién gestione los apoyos. Añadió que la participación de madres y padres de familia es importante para visibilizar las condiciones adversas de planteles que requieren atención urgente.

La legisladora cuestionó qué acciones concretas ha implementado la dependencia para cumplir con la iniciativa aprobada por el Congreso el 29 de julio, que busca garantizar la presunción de inocencia de las y los trabajadores de la educación ante acusaciones dentro de los protocolos escolares. Asimismo, solicitó conocer cómo se garantiza la aplicación de este principio en los procedimientos administrativos, sin dejar de proteger los derechos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El titular señaló que algunas denuncias contra docentes pueden carecer de fundamento, por lo que aclaró que una acusación no implica culpabilidad. Informó que la SEPH revisa y actualiza sus protocolos, mediante la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para socializarlos con autoridades escolares y evaluar, junto con las áreas correspondientes, cuándo procede separar temporalmente a un docente o continuar la investigación, garantizando la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la presunción de inocencia del personal educativo. Asimismo, consideró necesario fortalecer los mecanismos legales para que las y los maestros puedan defenderse ante acusaciones infundadas.

La diputada Orquídea Larragoiti Osorio (PT) pidió información sobre los avances de Hidalgo en la regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas y las acciones que impulsa la SEPH para garantizar entornos digitales seguros y prevenir el ciberacoso. Asimismo, preguntó cuál será la ruta de trabajo coordinado entre la secretaría y el Congreso para impulsar la iniciativa presentada y convertirla en medidas efectivas de protección para niñas, niños y adolescentes.

El secretario consideró que el uso de dispositivos digitales en las escuelas debe abordarse mediante una regulación equilibrada, que no se limite a prohibir la tecnología, sino que enseñe a niñas, niños y jóvenes a utilizarla de manera responsable. Resaltó la importancia de considerar tanto el tiempo de exposición como el tipo de contenido que consumen, prevenir riesgos como el ciberacoso y adaptar las medidas a las realidades de las nuevas generaciones, promoviendo una educación digital segura y consciente.

También recordó que Hidalgo aprobó hace un año una ley para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, cuya aplicación ha recibido respaldo de madres y padres de familia. Explicó que, a nivel federal, se acordó que las tabletas en primaria y secundaria se utilicen únicamente con fines pedagógicos y bajo planeación docente, mientras que en educación media superior y superior su uso es más flexible. Asimismo, señaló que el decreto presidencial del 22 de septiembre de 2026 contempla la realización de foros y asambleas para avanzar en la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

El legislador Avelino Tovar Iglesias (PVEM) cuestionó cuál es la ruta de atención cuando un docente detecta que un estudiante consume drogas y cómo se garantiza su acceso a tratamiento, seguimiento y permanencia escolar.

El funcionario aseveró que la educación socioemocional debe ser un eje central de la formación, pues el equilibrio emocional es fundamental para el desarrollo integral del alumnado. Reconoció que el consumo de drogas representa una problemática presente en los 84 municipios de Hidalgo y explicó que la SEPH trabaja principalmente en la prevención, mediante protocolos de atención y canalización a la Secretaría de Salud y acompañamiento médico cuando se requiere.

El diputado preguntó qué acciones implementa la SEPH para garantizar la reposición del equipo robado y recuperar el tiempo de clases perdido por las y los estudiantes afectados.

El titular compartió que la SEPH trabaja con los comités de padres de familia y las autoridades municipales para prevenir robos en las escuelas durante vacaciones y fines de semana. Cuando ocurre un incidente, se inicia el trámite ante la aseguradora federal, aunque reconoció que el proceso suele ser lento y complicado. Por ello, instruye a la Subsecretaría de Planeación para gestionar la reposición provisional del equipo robado, como computadoras, mientras se resuelve el seguro, con el objetivo de evitar interrupciones prolongadas en las clases.

La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) planteó cuatro preguntas: cuántas y cuáles escuelas siguen pendientes de rehabilitación por las afectaciones de la vaguada monzónica; qué protocolos se aplican, en coordinación con Seguridad Pública, ante la venta y distribución de drogas en entornos escolares; cuáles son los criterios para seleccionar las 722 escuelas prioritarias y cómo se evalúa su avance; y qué acciones concretas se han implementado, desde la publicación de la reforma en agosto de 2025, para limitar el uso de dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica y media superior.

El secretario comunicó que, tras evaluar los daños ocasionados por la vaguada monzónica, se identificaron 99 escuelas afectadas: 19 con daños graves, 36 moderados y 44 leves. Puntualizó que las afectaciones se concentraron principalmente en Huehuetla y Tianguistengo, y que las 11 escuelas más dañadas ya se encuentran en proceso de rehabilitación. Recalcó que las obras presentan distintos avances, con inversiones millonarias en preescolares, primarias y telesecundarias, entre otros planteles. En la escuela Caudillos del Sur, en Huehuetla, se invierten 16.8 millones de pesos y los trabajos registran un avance del 60%. Añadió que algunas obras se retrasaron debido a evaluaciones sobre la seguridad de los terrenos y las condiciones necesarias para evitar futuras afectaciones.

La diputada solicitó aclaraciones sobre la cobertura del programa Ver Bien para Aprender Mejor, implementado en 22 municipios y preguntó si su aplicación se ampliará a otras localidades. Asimismo, pidió conocer las acciones de la SEPH para garantizar la inclusión educativa de las personas con discapacidad, la capacitación obligatoria de docentes para brindarles una atención adecuada y sensible, y la existencia de padrones que permitan identificar al personal capacitado y a estudiantes con discapacidad que han concluido sus estudios.

El funcionario precisó que la SEPH implementó medidas para limitar el uso de celulares en primaria y secundaria a fines pedagógicos y que reforzará su aplicación. Sobre la venta y distribución de drogas, explicó que los directores deben reportar los casos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría, protegiendo la identidad y seguridad de quienes denuncian.

Respecto a las escuelas prioritarias, señaló que fueron identificadas mediante evaluaciones de aprendizaje que permiten detectar rezagos y diseñar estrategias de atención individualizada. Además, reconoció la necesidad de fortalecer la capacitación y sensibilización de los más de 40 mil docentes para garantizar una atención inclusiva, respetuosa y digna a estudiantes con discapacidad.

El legislador Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) requirió información sobre las estrategias para ampliar las prácticas profesionales, facilitar el acceso al primer empleo y garantizar que las inversiones generen oportunidades laborales bien remuneradas, permitiendo que las y los jóvenes desarrollen su talento en Hidalgo sin tener que emigrar.

El titular compartió que la matrícula de educación superior en Hidalgo creció 11.4% durante los últimos cuatro años, al pasar de 113 mil 900 a 126 mil estudiantes, y celebró que cada año egresan alrededor de 25 mil jóvenes. Declaró que la SEPH mantiene convenios con cámaras empresariales y empresas para impulsar la formación dual, el servicio social y las prácticas profesionales vinculadas con las carreras, lo que facilita la contratación de estudiantes al concluir su preparación.

El diputado cuestionó qué estrategias puede implementar la SEPH para establecer, desde el inicio del ciclo escolar, autorizaciones de madres, padres o tutores para realizar el operativo Mochila cuando sea necesario, respetando los derechos humanos y la privacidad del alumnado. Asimismo, planteó cómo puede colaborar el Congreso para fortalecer el marco jurídico y las medidas preventivas que garanticen entornos escolares seguros.

El secretario enfatizó la evolución del nivel educativo de la población trabajadora de Hidalgo entre 2005 y 2025, con una reducción de personas que no concluyeron la primaria, del 26 al 9.7%, y un aumento de quienes cuentan con educación media superior y superior, del 26 al 41%. En materia de seguridad escolar, informó que durante el ciclo 2025-2026 se recibieron mil 386 reportes de violencia dentro de las escuelas o detectada en ellas. Aclaró que las revisiones de mochilas pueden realizarse ante situaciones de emergencia, pero no de manera rutinaria sin sustento legal.

El legislador Julián Nochebuena Hernández (Morena) solicitó conocer si la secretaría realizará un estudio de pertinencia y viabilidad para establecer una institución pública de educación superior presencial o mixta en Atlapexco, a fin de evitar que las y los jóvenes tengan que trasladarse a otros municipios para continuar sus estudios.

El funcionario informó que Hidalgo cuenta con convenios con ocho municipios para acercar la educación superior en línea y destacó la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, que inició actividades con 210 estudiantes. Asimismo, señaló que existe la posibilidad de gestionar uno o dos campus adicionales y se comprometió a realizar un estudio de viabilidad para evaluar la instalación de otra sede de esta universidad en la región de Atlapexco.

El diputado preguntó cuál es la ruta institucional para identificar las causas del ausentismo y abandono escolar, cómo se canalizan los casos de menores de edad ante las instancias de protección cuando existen posibles vulneraciones de derechos y qué resultados ha tenido esta coordinación en la reincorporación y permanencia escolar.

El titular precisó que Hidalgo tiene una cobertura de educación media superior cercana al 81% de la población de entre 15 y 18 años. Indicó que la SEPH identifica a los jóvenes que no logran ingresar al bachillerato, considerando factores como la migración y la incorporación temprana al trabajo, y mencionó la ampliación de la infraestructura educativa como una de las acciones para aumentar el acceso y reducir la exclusión escolar.

El legislador Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) cuestionó qué criterios utiliza la SEPH para priorizar las escuelas con mayores necesidades, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso, y qué mecanismos de seguimiento y evaluación se aplican para verificar que las inversiones reduzcan las desigualdades territoriales, favorezcan la permanencia escolar y mejoren las condiciones de seguridad y aprendizaje del alumnado.

El secretario compartió que se han entregado 40 mil tabletas a estudiantes y que se busca alcanzar la cobertura total de jóvenes de los subsistemas estatales antes de concluir la administración, mediante nuevas adquisiciones previstas para 2027 y 2028. Asimismo, aseguró que las escuelas de educación media superior cuentan con conectividad a Internet. Respecto a la priorización de obras, explicó que se atienden primero los riesgos para la vida y la seguridad del alumnado, además de considerar la antigüedad de los planteles, el crecimiento poblacional y la disponibilidad de servicios básicos.

El diputado pidió conocer cómo se coordinan las estrategias para prevenir el abandono escolar con el fortalecimiento de la comprensión lectora y el pensamiento matemático, mediante mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir resultados y atender prioritariamente a las escuelas con mayores necesidades.

El funcionario indicó que el abandono escolar se debe principalmente a las deficiencias en conocimientos de matemáticas, ciencias y lectura crítica al concluir la secundaria, así como a las condiciones socioeconómicas de las familias. Informó el apoyo de becas, uniformes, libros y tabletas para reducir estas barreras y dijo que los ejercicios integradores del aprendizaje permitirán detectar rezagos desde etapas tempranas y fortalecer el seguimiento y la atención educativa en cada escuela.

La legisladora Yarabi González Martínez (Morena) expresó su preocupación por las condiciones de infraestructura de los telebachilleratos de la región Otomí-Tepehua. Solicitó conocer el presupuesto estatal destinado en 2025 a su rehabilitación y construcción, cuántos planteles continúan operando en espacios prestados o inadecuados y cuáles son los avances de las obras.

El titular destacó que los telebachilleratos y los servicios de CONAFE atienden a las comunidades más vulnerables y alejadas de Hidalgo. Comunicó que los telebachilleratos aumentaron de 131 a 135 planteles y que aquellos con instalaciones propias pasaron de 47 a 76, gracias a la colaboración de los gobiernos estatal y municipales, las familias y el programa La Escuela es Nuestra. Además, puntualizó que hay 25 planteles en construcción y 10 autorizados para nuevas obras, con el objetivo de alcanzar 111 telebachilleratos con instalaciones propias al finalizar la administración.

La diputada solicitó información sobre el funcionamiento, la cobertura y los tiempos de respuesta del seguro institucional. Asimismo, preguntó cuándo concluirán las obras pendientes en planteles de Huehuetla y cómo se atenderán nuevas afectaciones, como la caída de la barda del preescolar de Santa María Temascalapa, para garantizar la seguridad del alumnado y la continuidad de sus estudios.

El secretario lamentó que el seguro institucional dependa de una aseguradora federal, cuyos procedimientos dificultan la atención de los daños. Detalló que, para la rehabilitación de las escuelas afectadas por la vaguada monzónica, se obtuvieron 56 millones de pesos del seguro y 88 millones de pesos de recursos estatales. Asimismo, especificó que las 11 obras de rehabilitación en curso tienen como fecha contractual de conclusión diciembre, con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas para la comunidad escolar.

La legisladora Hilda Miranda Miranda (Morena) preguntó qué resultados ha tenido el programa Becas para la Transformación en la permanencia escolar y qué apoyos adicionales, como becas de transporte o ayudas económicas, ofrece la SEPH a jóvenes que no cuentan con una beca y desean retomar sus estudios profesionales, particularmente en Mineral de la Reforma.

El funcionario consideró que las becas son fundamentales para favorecer la permanencia escolar y señaló que Hidalgo ocupa el sexto lugar nacional, con una cobertura del 83%. Compartió que la mayoría de los apoyos son federales y que la SEPH gestiona mantener las becas en zonas cuyos niveles de vulnerabilidad podrían no cumplir con los criterios federales, considerando la procedencia y las condiciones socioeconómicas del alumnado.

La diputada pidió orientación para gestionar la ampliación de un centro educativo de CONAFE en Amaque, Mineral de la Reforma, que ofrece preescolar, primaria y secundaria.

El titular indicó que la solicitud de ampliación deberá canalizarse con la subsecretaria de Planeación, Xóchitl García, para evaluar las necesidades del plantel y determinar posibles intervenciones. Asimismo, destacó la importancia de que las y los diputados acerquen las necesidades de las escuelas a la SEPH, especialmente aquellas que, por falta de gestión administrativa, no han logrado exponer sus requerimientos.

La legisladora Paloma Barragán Santos (Morena) cuestionó qué porcentaje de los recursos destinados a infraestructura digital y laboratorios especializados se ha invertido en la Huasteca y la región Otomí-Tepehua, cuántos planteles han sido beneficiados y qué acciones se implementarán para reducir la brecha tecnológica en comunidades rurales e indígenas. Además, solicitó información sobre los 475 proyectos de investigación científica y tecnológica y las 31 patentes vigentes, específicamente cuántos proyectos están concluidos o en proceso, cuántas patentes se encuentran en uso y qué resultados concretos han generado para atender problemáticas sociales, ambientales, agrícolas y productivas de Hidalgo.

El secretario destacó el fortalecimiento de las instituciones de educación superior de la región de Huejutla y una inversión de 297 millones de pesos en programas educativos y sociales. Informó que 150 de los 475 proyectos de investigación están concluidos y 325 siguen en proceso, mientras que las patentes vigentes se mantienen activas en instituciones de educación superior.

La diputada preguntó qué avances han logrado las y los profesores e investigadores de Hidalgo en su incorporación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y qué acciones se implementan para incrementar su participación y reconocimiento.

El funcionario comentó que la formación continua de docentes de educación básica y superior es fundamental y se considera en los procesos de promoción, donde puede representar hasta un 20% del puntaje. Consideró que, aunque cada docente elige los cursos y áreas de formación, la actualización profesional debe realizarse de manera permanente.

El legislador Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) cuestionó qué acciones realiza la dependencia para vigilar a las universidades privadas que imponen cobros excesivos de titulación, si existen quejas de estudiantes afectados, cómo se supervisan y revisan los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y si se han aplicado sanciones a instituciones por estas prácticas.

El titular mencionó que la página de la secretaría publica las instituciones privadas con RVOE estatal o federal. Reconoció problemas con universidades que operan en instalaciones inadecuadas o abandonan a sus estudiantes y señaló que se firmó un convenio con la federación para que el estado supervise su infraestructura, planta docente y reconocimientos oficiales, con el objetivo de reducir estas irregularidades.

El diputado insistió en que los altos costos de titulación impiden a jóvenes ejercer su profesión, pese a haber invertido tiempo y dinero en sus estudios. También preguntó si existe una investigación sobre la construcción y posterior demolición de la alberca olímpica, en la que se invirtieron más de 67 millones de pesos y que nunca pudo utilizarse debido a problemas de infraestructura y filtraciones.

El secretario dijo que los jóvenes con dificultades económicas para titularse pueden acceder a préstamos sin intereses del IFES o presentar un examen único conforme al artículo 286 para obtener título y cédula profesional a bajo costo. Sobre la alberca olímpica, confirmó que nunca funcionó por defectos de construcción y mencionó que existe una investigación de la Contraloría.

El legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) preguntó cómo se encuentra el nivel de aprovechamiento escolar en Hidalgo, si existe una medición estatal para identificar las dificultades de aprendizaje y qué acciones implementa la dependencia para mejorar el rendimiento académico y reducir el rezago ocasionado por la pandemia. Asimismo, solicitó atender a los estudiantes del Mexe que tomaron las instalaciones del Congreso para plantear demandas relacionadas con el marco curricular común, la preparación docente y cuestiones administrativas.

El funcionario aceptó que la evaluación PISA permite identificar dificultades en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, aunque los resultados de Hidalgo son limitados porque solo se aplicaron 305 pruebas en nueve planteles. Celebró como fortalezas el compromiso docente y el acompañamiento al alumnado, y reconoció brechas socioeconómicas y diferencias de desempeño por género que deben atenderse.

También aseguró que existe un diálogo permanente con los estudiantes de la Normal, con más de 50 reuniones de trabajo y una nueva reunión programada para el 3 de noviembre con autoridades estatales y federales. Señaló que continúan las negociaciones para atender sus demandas y mencionó que existe una carpeta de investigación por daños a instalaciones de la Secretaría de Educación Pública.

El diputado José Luis Rodríguez Higareda (Morena) solicitó conocer los avances de la propuesta para habilitar una secundaria de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula, como preparatoria en el turno vespertino, ante la falta de opciones públicas de bachillerato en la zona norte del municipio.

El titular comunicó que está prevista la construcción de una nueva preparatoria en Tula y se comprometió a solicitar que la Subsecretaría y el área de Educación Media Superior revisen la petición para habilitar una opción de bachillerato en Santa Ana Ahuehuepan, posiblemente mediante un telebachillerato o un bachillerato estatal.

La legisladora Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó sobre la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, así como sobre la viabilidad de crear estancias universitarias para apoyar a jóvenes de comunidades alejadas con gastos de alojamiento, transporte y manutención.

El secretario sostuvo que la migración de profesionistas hidalguenses se debe a la falta de empleos acordes con su preparación académica, con mejores salarios y mayores competencias. Señaló que muchos egresados de aeronáutica se trasladan a Querétaro y los de turismo al sureste del país. Confió en que las nuevas inversiones en sectores especializados, como el farmacéutico y aeronáutico, generen oportunidades laborales que permitan retener el talento en Hidalgo.

La diputada preguntó qué acciones de capacitación se han implementado para que el personal educativo conozca la ruta NAME, detecte posibles vulneraciones de derechos y notifique a las autoridades competentes los casos de niñas y adolescentes embarazadas de entre 10 y 14 años.

El funcionario aseveró que la secretaría cuenta con protocolos para detectar embarazos tempranos y proteger los derechos de niñas y adolescentes. Indicó que los casos de embarazo entre niñas de 10 a 14 años han disminuido considerablemente, aunque cada caso representa una alerta.

La legisladora María Guadalupe Cruz Montaño (PVEM) cuestionó qué planteles o inmuebles educativos se encuentran desocupados, subutilizados o fuera de operación en Hidalgo, y si se ha evaluado su reutilización como centros gerontológicos o casas de día para adultos mayores, considerando su viabilidad estructural, presupuestal y de accesibilidad.

El titular aceptó que la baja matrícula escolar es un problema nacional y que trabaja con el sindicato y otras áreas para reorganizar plazas docentes y evitar afectaciones laborales. Respecto a los planteles desocupados, propuso evaluar sus condiciones y devolver los inmuebles al gobierno estatal para que, en coordinación con los municipios, se determine su mejor aprovechamiento.

La diputada pidió dar seguimiento al diagnóstico de inmuebles públicos en desuso para evaluar la habilitación de un centro o casa de día para adultos mayores en Vinazco, Jaltocán, donde la población es mayoritariamente adulta y existe disposición de las autoridades municipales para colaborar en el proyecto.

El secretario mencionó que el caso de Vinasco está en revisión jurídica y propuso aprovechar terrenos escolares extensos y subutilizados, especialmente de secundarias, para desarrollar proyectos de infraestructura pública, como clínicas del ISSSTE o del IMSS y otros centros de atención, mediante acuerdos con los municipios y las comunidades.

La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) preguntó qué aportaciones ha realizado la dependencia a la Normal Rural del Mexe desde su reapertura y cuál es la situación actual de la institución, incluyendo sus principales problemáticas y necesidades pendientes.

El funcionario puntualizó que la Escuela Normal Rural del Mexe cuenta con casi 100 años de historia y fue un referente en la formación de maestros rurales. Recordó que, al inicio de la actual administración en 2022, la institución carecía de reconocimiento formal, por lo que el gobierno estatal impulsó su recuperación mediante inversiones de 26 millones de pesos para rehabilitar el casco histórico, 17 millones para dormitorios, 2 millones para equipar el comedor y 7 millones para uniformes, vehículos y actividades artísticas.

Además, se destinan cerca de 15 millones de pesos anuales para alimentación, los estudiantes reciben becas de 29 mil pesos al año y el programa La Escuela es Nuestra aportó 8.5 millones para obras y equipamiento. También informó que 14 de los 21 docentes cuentan con tiempo completo y que se han celebrado más de 50 reuniones con estudiantes, alcanzando aproximadamente 250 acuerdos. Aseguró que el diálogo continúa, aunque los apoyos deben avanzar conforme a las posibilidades presupuestales y en coordinación con las demás instituciones educativas del estado.

La diputada cuestionó si es viable negociar la devolución de las tierras originales de la escuela, considerando que durante su suspensión se crearon otros planteles que actualmente también cuentan con estudiantes y derechos que deben respetarse.

El titular consideró inviable e innecesaria la devolución de las 80 hectáreas originales de la Normal, al señalar que el modelo actual de formación docente ya no requiere esos terrenos para actividades tradicionales. Indicó que la prioridad es brindar certeza jurídica y delimitar adecuadamente los espacios que actualmente comparten la Normal y la Universidad de Francisco I. Madero. Asimismo, afirmó que no existen planes en la actual administración para buscar terrenos adicionales, pues considera que no son indispensables para la formación docente.

La legisladora Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó por el estado actual de los acuerdos con los estudiantes del Mexe, los responsables y las fechas de cumplimiento, así como por la autorización de los 40 millones de pesos solicitados a la federación para ampliar los dormitorios, las obras contratadas y ejecutadas y la capacidad de alojamiento prevista. Además, solicitó información sobre quién está a cargo de la Normal tras la separación de su director y cuándo se nombrará a su sucesor.

El secretario compartió que la ampliación del comodato de los espacios que ocupa la Normal es viable y que ya existe una propuesta. Sin embargo, la federación no autorizó los recursos solicitados para concluir los dormitorios, motivo por el cual los estudiantes han solicitado mesas de diálogo nacionales. Dijo que la subdirectora asumió temporalmente la dirección de la institución y que se prevé ratificarla oficialmente en los próximos días.

La diputada cuestionó una propuesta presentada a los padres de familia del CECyTEH para cobrar 140 pesos semestrales por alumno durante tres años, destinados a instalar equipos de reconocimiento facial, arcos detectores de metales y torniquetes. Solicitó al secretario aclarar si conoce el proyecto y si es viable, considerando que el plantel presenta deficiencias en las mallas perimetrales y carece de cámaras de vigilancia.

El funcionario señaló que desconocía la propuesta de instalación de equipos de reconocimiento facial y control de acceso en el CECyTEH del Maye. Explicó que estas iniciativas suelen ser presentadas directamente por empresas a los directivos y a las comunidades escolares, por lo que su aprobación depende exclusivamente de madres y padres de familia, sin que exista obligación de contratar el servicio ni presión o respaldo institucional de la secretaría.

La legisladora María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) planteó que aproximadamente el 2% de los alumnos de tercero a sexto de primaria en Hidalgo no ha consolidado las habilidades de lectura y escritura, pese a los diagnósticos y apoyos docentes. Preguntó qué estrategias implementará la SEPH para atender a estos estudiantes.

El titular aseguró que se fortalecerán las estrategias didácticas individualizadas, las tutorías y el acompañamiento técnico-pedagógico, considerando el contexto de cada alumno y las condiciones familiares y comunitarias. Reconoció que es necesario llevar la atención directamente a las aulas e identificar con mayor precisión las necesidades de cada estudiante.

La diputada hizo dos preguntas al secretario: primero, si es viable abrir un Centro de Atención Múltiple (CAM) en Zimapán para atender a 103 niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 21 años con discapacidad, y si la dependencia cuenta con un diagnóstico de los estilos de enseñanza de los docentes que permita vincularlos con los estilos de aprendizaje de los estudiantes y mejorar los resultados educativos.

El secretario informó que existen condiciones para abrir un CAM pues ya se identificó un inmueble viable, el municipio rehabilitó los baños y las madres promotoras gestionarían apoyo empresarial para adecuar el espacio. La secretaría aportaría recursos para equipamiento y personal, por lo que se prevé que el centro pueda abrir en los próximos meses. Además, anunció una inversión de 16 millones de pesos para construir un Centro de Atención Infantil (CAI) en Tepeji. Sobre el diagnóstico de los estilos de enseñanza docente, señaló que no existe uno específico y que corresponde a los maestros, mediante los consejos técnicos escolares, determinar y profundizar en los modelos pedagógicos adecuados para sus estudiantes.

El legislador Jorge Argüelles Salazar (Nueva Alianza) cuestionó qué acciones ha implementado la dependencia para prevenir y atender la violencia y las situaciones de riesgo en las escuelas, así como los resultados obtenidos y el seguimiento brindado a los reportes registrados durante los dos ciclos escolares anteriores.

El funcionario explicó que la secretaría trabaja de manera coordinada con procuradurías, el DIF y autoridades escolares para atender los casos de violencia, mediante protocolos, entrevistas y capacitación permanente. Informó que, de los mil 300 reportes recibidos el año anterior, 800 ya fueron resueltos. Asimismo, señaló que se registraron casos de violencia sexual entre estudiantes, por parte de docentes y dentro del entorno familiar; algunos continúan en proceso legal. De los reportes relacionados con docentes, 23 derivaron en su separación por conductas como tocamientos, envío de contenido sexual y propuestas de índole sexual.

El diputado preguntó cómo se garantiza que la autonomía de los consejos técnicos escolares sea efectiva y qué mecanismos existen para que las decisiones de docentes sean respetadas, incorporadas a la política educativa estatal y se traduzcan en mejores condiciones de enseñanza y resultados de aprendizaje.

El titular mencionó que el sistema educativo mexicano mantiene una estructura vertical y afirmó que la transformación debe surgir desde las aulas. Para ello, subrayó la importancia de revalorizar al magisterio, respetar su autonomía pedagógica y curricular y permitir que las y los docentes adapten los programas educativos al contexto y las necesidades de sus estudiantes.

La legisladora Marlen Yareni Trejo Pérez (Nueva Alianza) cuestionó cuáles son los principales resultados obtenidos con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en los 7 mil 600 centros escolares de Hidalgo, a partir de los ejercicios integradores de aprendizaje que evaluaron a más de 3 millones de estudiantes.

El secretario recalcó que la implementación de la Nueva Escuela Mexicana implica pasar de un modelo educativo vertical a uno colaborativo, donde docentes y estudiantes construyan conocimientos en comunidad. Manifestó que los ejercicios integradores identificaron áreas que requieren refuerzo, principalmente la lectura, la comprensión lectora y la literacidad crítica en todos los niveles de educación básica.

El diputado José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) preguntó qué beneficios concretos ofrecerá el Bachillerato Nacional Margarita Maza a las y los jóvenes de Hidalgo y cómo contribuirá a ampliar sus oportunidades de acceso a la educación media superior.

El funcionario señaló que la educación media superior debe asumirse como un derecho de las y los jóvenes y una obligación del Estado. Destacó que, así como antes el reto era lograr que los estudiantes concluyeran la secundaria, ahora es garantizar que terminen la preparatoria, para lo cual consideró fundamental fortalecer el compromiso social y familiar con la continuidad educativa.