Diputado impulsa iniciativa “Migrante Seguro” para prevenir fraudes en trámites
El diputado Julián Nochebuena Hernández, del grupo legislativo de Morena, propuso ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Migrante Seguro”, que plantea establecer un padrón municipal de personas y empresas que ofrecen servicios de orientación, apoyo y gestión para el trámite, obtención o renovación de visas y otros servicios migratorios, con el propósito de prevenir fraudes contra personas que buscan migrar de manera regular y proteger el patrimonio de las familias hidalguenses.
Durante la presentación, el legislador expuso que las personas que buscan viajar a Estados Unidos, Canadá u otros países pueden convertirse en víctimas de gestores que ofrecen empleos, visas o trámites migratorios a cambio de depósitos y pagos anticipados, para posteriormente desaparecer sin cumplir con los servicios ofrecidos.
La propuesta busca adicionar diversas disposiciones a la Ley de Migrantes Hidalguenses y en Contexto de Movilidad, con el objetivo de generar mecanismos que permitan a la ciudadanía identificar a quienes prestan este tipo de servicios y verificar su identidad antes de entregar dinero o documentación.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), Hidalgo registra un alto grado de intensidad migratoria y ocupa el décimo lugar a nivel nacional, dentro de los indicadores correspondientes al Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2020.
En este contexto, señaló que la migración forma parte de la realidad de numerosas comunidades hidalguenses, donde las familias buscan oportunidades laborales, mejorar sus ingresos o reencontrarse con sus seres queridos. Ante ello, la búsqueda de vías legales para migrar también puede ser aprovechada por personas que se presentan como gestores y prometen acelerar procedimientos, conseguir citas, obtener empleos o incluso garantizar la aprobación de una visa.
La iniciativa plantea que los 84 ayuntamientos del estado integren un padrón de las personas físicas y empresas que presten servicios de orientación y apoyo para tramitar visas o realizar gestiones ante consulados y oficinas relacionadas con la población migrante.
Requisitos
Para formar parte de este registro, los prestadores de servicios deberán acreditar su identidad, presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y, en el caso de empresas, exhibir su acta constitutiva. Asimismo, se contempla la expedición de un certificado anual de inscripción, que deberá colocarse en un lugar visible del establecimiento.
El padrón deberá mantenerse actualizado y publicarse en los portales de Internet de los ayuntamientos, de manera que las personas interesadas puedan consultar desde sus dispositivos si la agencia o gestor con quien pretenden contratar se encuentra registrado y cuenta con un certificado vigente.
La propuesta establece además que la inscripción en el padrón no otorgará facultades para expedir visas, resolver procedimientos migratorios ni garantizar resultados, ya que la autorización o negativa de estos documentos corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
De esta manera, se busca dejar claro que ningún gestor puede asegurar que una solicitud de visa será aprobada y que los gobiernos municipales no intervendrán en las decisiones de las autoridades migratorias o consulares. Su función se limitaría a regular una actividad comercial desarrollada dentro de sus municipios, facilitar la identificación de prestadores de servicios y generar herramientas de prevención frente a posibles fraudes.
El congresista mencionó como referencia el modelo implementado en San Luis Potosí para contar con mecanismos de registro y publicación de prestadores de servicios relacionados con trámites migratorios.
La propuesta también hizo referencia a reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo sobre falsas ofertas laborales en el extranjero, las cuales han afectado a personas que entregan cantidades importantes de dinero bajo la promesa de obtener empleos fuera del país. La dependencia estatal mantiene además alertas y recomendaciones dirigidas a la población para identificar posibles vacantes fraudulentas.
Ante este panorama, destacó que un registro por sí solo no eliminaría los fraudes, pero permitiría proporcionar a las familias una herramienta adicional para verificar la identidad y situación registral de quienes ofrecen estos servicios antes de entregar dinero, documentos o información personal.
